En lo que llevamos de año, ya se han registrado 45 reclamaciones.

 La Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, en general, ha basado las resoluciones que ha dictado a lo largo de 2019 en la doctrina que ha venido manteniendo en años precedentes; si bien cabe destacar, como importante excepción, la apertura de una nueva línea argumental dirigida a favorecer el ejercicio del derecho de los ciudadanos a conocer la información de que dispongan las Administraciones públicas de la Comunidad. En concreto, se ha reconocido a los cargos electos de las entidades locales la posibilidad de reclamar a través de la Comisión de Transparencia aquella información que se halle en poder de los servicios de la corporación local cuando la precisen para ejercer sus responsabilidades como cargos públicos, lo que facilita el acceso a dicha información, dado que esta vía ofrece garantías adicionales para el ejercicio del “derecho a saber” a la prevista en la propia legislación de régimen local, única que anteriormente se venía admitiendo.

Además, en 2019 la jurisprudencia de los órganos judiciales ha respaldado la posición que venía manteniendo la Comisión de Transparencia al admitir que quienes tengan la condición de interesados en los procedimientos administrativos, si lo consideran necesario, puedan reclamar información en relación con dichos procedimientos ante la propia Comisión de Transparencia, algo que se venía denegando por parte de la Administración sobre la base de que la legislación de procedimiento administrativo establece un cauce propio para que los interesados puedan obtener información sobre los procedimientos de que sean parte, un cauce que, sin embargo, resulta, en algunas ocasiones, mucho más angosto que el ofrecido por la legislación de transparencia, llamado por ello a ser utilizado por la generalidad de los ciudadanos, sean o no interesados en los procedimientos administrativos sobre los que se solicita información.

La Comisión de Transparencia pues, sobre la base de lo indicado, está contribuyendo a reforzar, por un lado, la posición de los cargos electos locales y, por otro, la de los interesados en los procedimientos administrativos, con objeto de que unos y otros no se hallen en peor situación que cualquier otro ciudadano en el ejercicio de su “derecho a saber”.

En cifras, en el cuarto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se han recibido 325 reclamaciones, 11 más que en el año anterior. El número de reclamaciones recibidas se ha incrementado en más de un 200% desde 2016, cuando la Comisión comenzó su labor de defensa del derecho de acceso a la información pública. De estas reclamaciones, 220 se refirieron a denegaciones de información pedida a entidades locales (de las cuales 168 correspondieron a ayuntamientos); 76 se presentaron frente a la Administración autonómica; y 14 en relación con alguna de las cuatro universidades públicas de la Comunidad. En 134 ocasiones los ciudadanos utilizaron medios electrónicos para la presentación de su reclamación. A pesar de que se ha continuado reduciendo el porcentaje de reclamaciones interpuestas ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información (se ha pasado del 70 % en 2018 al 63 %, aproximadamente, en 2019) todavía han sido 207 las reclamaciones planteadas frente a desestimaciones presuntas. En los supuestos de reclamación frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, han sido utilizados para denegar la información fueron la protección de datos personales, la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada y el carácter repetitivo o abusivo de la petición. El tipo de información solicitada por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, tres materias que han dado lugar a un número relevante de impugnaciones son las relativas al empleo público, a las actuaciones urbanísticas, y a la actividad económica, presupuestaria y de contratación de las entidades locales.

En 2019, la Comisión de transparencia ha adoptado 216 resoluciones, de las cuales en 114 se estimó la petición del ciudadano de acceder a determinada información. Estas Resoluciones estimatorias han sido 20 más que en 2018. En 69 de estas ocasiones las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 30 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León (9 más que el año anterior). Su contenido completo es publicado en la Web. Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los tribunales. De hecho, en 2019 se han presentado seis recursos judiciales frente a una Resolución de la Comisión, y se han adoptado dos sentencias confirmatorias de la decisión adoptada en cada caso por la Comisión (una de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de León y otra del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León).

Por otra parte, es destacable también este año que hasta en 60 ocasiones (8 más que en 2018), una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta.