Tampoco la Comisión ha sido ajena a la pandemia, habiendo recibido 13 reclamaciones relacionadas, de forma más o menos directa, con el coronavirus.

Se incrementa el número de resoluciones emitidas,  que en 2020 ascienden a 251, 35 más que las formuladas en 2019.

En 2020, la Comisión de Transparencia de Castilla y León, adscrita al Procurador del Común, ha intensificado su labor de garantía del derecho de acceso a la información pública en poder de las administraciones, autonómica y local, y de otras entidades de carácter público. Este último año ha sido en el que más reclamaciones han presentado los ciudadanos y en el que mayor número de resoluciones se han adoptado desde el comienzo del funcionamiento de la Comisión en 2016. El crecimiento de la actividad del órgano de garantía de la transparencia ha tenido lugar en un año donde, como no podía ser de otra forma, también el derecho de acceso a la información pública se ha visto afectado por la pandemia ocasionada por la covid-19.

En el quinto año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, se presentaron 329 reclamaciones, 4 más que en 2019. Si bien en términos generales este incremento no ha sido significativo, sí lo es considerando que, durante la vigencia de la declaración del primer estado de alarma motivado por la pandemia de la covid-19, se ralentizó notablemente la presentación de reclamaciones: en los tres meses y siete días que duró se formularon 39, mientras que solo en los dos primeros meses y medio del año ya se habían recibido 107.

Una de cada dos reclamaciones se ha presentado por algún medio electrónico, incrementándose notablemente el número de ocasiones en las que esta presentación ha tenido lugar a través de la sede electrónica de la Comisión (124 en 2020, por 54 en el año anterior). Resulta relevante también que más de una cuarta parte de las reclamaciones recibidas en 2020 han sido presentadas por cargos representativos locales; en concreto, han sido 90, de las cuales 71 fueron formuladas por concejales de ayuntamientos, 18 por vocales de juntas vecinales y una por un diputado provincial.

Del total de reclamaciones recibidas, 238 tuvieron su origen en denegaciones de información solicitada a entidades locales (un 72 %), de las cuales 190 correspondieron a ayuntamientos, 36 a entidades locales menores y 12 a diputaciones provinciales; 77 se presentaron frente a la Administración autonómica. En 243 de las reclamaciones planteadas, su causa era la ausencia de respuesta a la petición de información realizada, habiendo pasado del 63 % en 2019, al 74 % en 2020). En cuanto a los motivos utilizados para denegar la información en los supuestos de reclamación frente a una resolución expresa, se ha observado un cierto cambio de tendencia, puesto que si bien se ha mantenido la protección de datos personales como uno de los motivos más frecuentes para denegar aquella, se ha elevado el número de supuestos en los que la negativa al acceso a la información se ha fundamentado en que la información solicitada se encuentra en curso de elaboración o ya publicada. Como en años anteriores, el tipo de información solicitada por los ciudadanos que ha motivado sus reclamaciones es muy diverso; no obstante, las tres materias que han dado lugar a un mayor número de impugnaciones han sido las relativas a la información económica y de contratación de las entidades locales, a las actuaciones de carácter urbanístico de estas y al empleo público en general.

En 2020, la Comisión de transparencia ha adoptado 251 resoluciones, 35 más de las formuladas en 2019. En 132 de estas se estimó la petición del ciudadano de acceso a toda o a parte de la información pública solicitada. Estas Resoluciones estimatorias han sido 18 más que en 2019. En 105 de estos supuestos, las resoluciones se dirigieron a entidades integrantes de la Administración local o de su sector público y 20 de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León. El contenido completo de todas las resoluciones emitidas se halla publicado en la página electrónica del Comisionado de Transparencia.

Estas resoluciones deben cumplirse, sin perjuicio de la posibilidad de ser recurridas ante los órganos judiciales; en este último sentido, las ocho sentencias judiciales adoptadas en 2020 en recursos interpuestos frente a reclamaciones de la Comisión de Transparencia han confirmado la postura adoptada por esta. Por otra parte, un año más es destacable que hasta en 62 ocasiones (36 en relación con la Administración autonómica), una vez que ha intervenido la Comisión ante la presentación de una reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta.

Obviamente, el derecho de acceso a la información pública, así como la actuación de la Comisión de Transparencia no han sido ajenos a la situación de crisis generada por la pandemia de la covid-19. En este sentido, se han recibido 13 reclamaciones frente a otras tantas resoluciones adoptadas por la Administración autonómica a la vista de solicitudes de información pública relacionadas, de forma más o menos directa, con el coronavirus y con sus consecuencias sobre la prestación de los servicios públicos.

Por último, en relación con la transparencia de las Administraciones y entes del sector público de Castilla y León, el Procurador del Común, en el ejercicio de sus competencias, también ha realizado tres actuaciones de oficio para conocer cómo se estaba dando publicidad a las actuaciones realizadas por la Administración frente a la pandemia.